Taxista fue sentenciado por violación a una pasajera. Es la segunda condena por el mismo delito y enfrenta dos proceso más

La Fiscalía obtuvo sentencia condenatoria de 29 años y 4 meses de prisión contra el taxista Hamilton Jair P. P. El hombre es procesado por la violación perpetrada contra una pasajera, el 2 de diciembre de 2018, en el sector de Mapasingue, en el norte de Guayaquil.

En esa fecha, un grupo de personas abordó un taxi que era conducido por el ya sentenciado. Cuadras más adelante, dos sujetos no identificados se subieron al automotor. Junto a Hamilton Jair P.P. desvalijaron a sus ocupantes y los secuestraron por unos momentos.

En ese lapso aprovecharon para sacar dinero de cajeros automáticos con las tarjetas de crédito de los perjudicados.

Durante la acción, el procesado dejó botadas a sus víctimas, a excepción de la mujer. Ella fue trasladada a una zona apartada del sector de Mapasingue, donde perpetró el delito. Luego la dejó en una zona oscura.

La víctima pidió auxilio y fue socorrida y trasladada a la Unidad de Flagrancia Cuartel Modelo. Ahí se le brindó atención médica y psicológica. Enseguida se inició la investigación.

OTROS PROCESOS

Hamilton Jair P.P. –quien ya fue sentenciado en 2019, también por violación– tiene abiertos otros dos procesos penales por el mismo delito.

Según la Fiscalía, su modus operandi consiste en recoger pasajeros, especialmente mujeres, para asaltarlas y atacarlas sexualmente. Luego las amenaza de muerte si denuncian el hecho.

Para las autoridades, existen características similares en la forma de operar, recorridos y patrones físicos de las víctimas.

La fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Yoli Pinillo, en la audiencia de juzgamiento desarrollada en la Unidad Judicial Albán Borja, presentó como pruebas ante el Tribunal: el testimonio de siete personas, entre estos el de la víctima, de los peritos médicos, psicólogos y de agentes aprehensores e investigadores.

A ello sumó la prueba documental, que incluyó la denuncia, las valoraciones psicológicas y de entorno social, y el informe médico-legal, que demostró la materialidad de la infracción.

También, los informes de reconocimiento de la evidencia utilizada en el ilícito (vehículo), del lugar de los hechos y genético forense, que concluyó que el ADN encontrado pertenece al procesado.

El Tribunal Penal, conformado por los jueces Carlos Churta, Diógenes Cueva y Narcisa Rosado, acogió las pruebas presentadas por Fiscalía. Además de la sentencia contra el procesado, le impusieron una multa de 1.500 salarios básicos unificados (600.00 dólares) y el pago de 10.000 dólares como reparación integral a la víctima.

DATO JURÍDICO

Este caso fue procesado con base en el artículo 171, inciso primero, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito con una pena privativa de libertad de 19 a 22 años.

Además, se sumaron las agravantes de los artículos 47, numeral 3, y 48, numeral 2, del mismo cuerpo legal, que incrementa en un tercio la pena impuesta. (I)